La radiotelevisión pública estatal en este país esta sometida a infinidad de variables que condicionan su servicio a la sociedad. El modelo financiero diseñado en la nueva ley lejos de suponer un marco de estabilidad económico ha creado un buen número de incertidumbres ¿Tendrán la aprobación de Bruselas los nuevos impuestos que financiaran RTVE? ¿La cuantía de la recaudación será la prevista para sufragar el coste de RTVE? ¿Si no se cubre el presupuesto el Gobierno, vía presupuestos, cubrirá la diferencia? En el terreno económico tampoco la coyuntura ayuda. Los recortes presupuestarios todavía no se han concretado pero se esperan en la propuesta de Presupuestos del Estado para 2011y en el deseado Contrato-Programa que ha vuelto a ser suspendida su negociación.
Aunque el nuevo modelo debería haber supuesto un giro en la programación y un mejor cumplimiento de las encomiendas de servicio público emanadas de la ley, RTVE sigue programando una oferta audiovisual similar a la de su anterior etapa, donde se sigue dando prioridad a la consecución de audiencia con algunas pequeñas modificaciones prevista para La 2 en septiembre, que va a suponer la desaparición del único canal cultural temático de éste país.
El modelo de gestión sigue siendo inoperante y presidencialista a pesar de disponer de un consejo de administración con responsabilidad legal. La estructura directiva se trata de un conglomerado desorganizado y falto de criterio donde cada cual hace la guerra por su cuenta y donde las reformas no han llegado aún en los tres años de la implantación del nuevo marco legal.
La factoría se encuentra en la encrucijada. La falta de un plan estratégico, de unas lineas que delimiten con claridad lo que se compra y lo que se produce, pero sobre todo la existencia de un aparato directivo que ha primado la externalización de la producción de programas a las productoras afines.
Ante todo esto el gobierno de turno y el partido en la oposición dirimen sus cuitas políticas en la arena de la radio y televisión pública sin ningún tipo de reparo en las repercusiones que esta suponiendo para el servicio público, la empresa y sus trabajadores.
Quién tiene las respuestas o al menos la responsabilidad de poner las soluciones no lo hace y no dejan de aumentar las incógnitas en cuanto a la viabilidad y el servicio que debería ofrecer RTVE. Tendremos que seguir esperando que alguien aplique las leyes y gestione desde la transparencia cómo es de ley.
